Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito continuado de robo con fuerza si bien aprecia la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Vulneración de su derecho a la presunción de inocencia por error en la valoración de la prueba practicada: doctrina jurisprudencial. La aplicación del principio in dubio pro reo. La valoración de testimonios contradictorios y la corroboración periférica por otras pruebas. La especialidad de la revisión en esta alzada de las sentencias con fallo condenatorio que valoran prueba indiciaria. Valor de la identificación por huella dactilar. La cadena de custodia para la toma de muestra, traslado y recepción del vestigio, de forma que sea posible confirmar la conclusión efectuada. la cadena de custodia entendida como el conjunto de actos que tienen por objeto la recogida, el traslado y la conservación de los indicios o de los vestigios obtenidos en el curso de una investigación criminal, actos que deben cumplimentar una serie de requisitos con el fin de asegurar la autenticidad, inalterabilidad o indemnidad de las fuente de prueba. Su cumplimiento en el caso concreto. La suficiencia de la prueba practicada. La preexistencia de los efectos sustraídos. La atenuante de dilaciones indebidas. Individualización de la pena.
Resumen: La cantidad de droga (1.838,10 gramos de marihuana) que se poseía excede de las previsiones ordinarias de autoconsumo, de ahí que su posesión está preordenada al tráfico, sin que sean exigibles para presumir ese ánimo o intención de traficar de otros indicios periféricos de comercialización o venta, ya que la cantidad de droga incautada es en sí misma prueba suficiente y concluyente para afirmar con total seguridad su destino al tráfico. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. El plazo razonable de tramitación es un concepto más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia. La atenuante de análoga significación no puede alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma. Para apreciar la atenuante analógica de confesión cuando ya el procedimiento -policial o judicial- se dirigía contra el confesante, es necesario que la colaboración del inculpado sea de gran relevancia.
Resumen: Confirma la condena por delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, delito de vejaciones injustas en el ámbito de la violencia de género, delito de descubrimiento y revelación de secretos y delito de odio y rebaja la indemnización concedida a la víctima. La acusación particular solicitó, en conclusiones provisionales elevadas a definitivas en el Plenario, 3.000,- €. como indemnización por daño moral, el Mº Fiscal pidió 65.000,- €., siendo las conclusiones definitivas, no el trámite de informe, las que constituyen la postulación y en ellas se deduce definitivamente la pretensión ejercitada por la acusación. La sentencia no puede superar los límites impuestos por la pretensión de las partes, en virtud del principio dispositivo y de rogación propio de la acción civil, principios que se mantiene cuando aunque la acción civil se ejercita y resuelve conjuntamente con la acción penal, no pudiendo el Mº. Fiscal solicitar una mayor indemnización que la reclamada por la propia parte. El delito de descubrimiento y revelación de las imágenes se comete por su difusión, independientemente de que el autor se hubiese apoderado de ellas o le hubiesen sido remitidas voluntariamente por la víctima.
Resumen: Se apela la sentencia alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba con infracción del art. 383 CP, pues la enfermedad padecida por la acusada (EPOC) le impedía soplar en el etilómetro, y terminó soplando y si no hubo resultados fue porque los Policías interrumpieron la prueba, no existiendo intención de impedir la prueba vista su petición de que se le practicara una analítica en sangre. Igualmente cuestiona las observaciones de los Agentes sobre su estado, entre otras su capacidad para detectar, por el olor, si había consumido alcohol. La Sala tras poner de manifiesto el contenido del derecho fundamental a la presunción de la inocencia y de las obligaciones que impone su alegación en la alzada, desestima al recurso. Ha existido prueba incriminatoria suficiente en el plenario, concurriendo las exigencias de suficiencia, validez en su obtención, legalidad en su practica y racionalidad en su valoración por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Tampoco existe error en la valoración probatoria. La sintomatología que presentaba no dejaba lugar a la duda: fuerte olor a alcohol, oscilaciones en la verticalidad, necesidad de apoyo mientras estaba en pie, actitud habladora, excitada, hilarante y agresiva, habla trabada, ojos irritados y mirada perdida, zigzagueando en la conducción. Se negó a la práctica de la prueba y si luego aceptó con su actitud impidió que el etilómetro diera algún resultado.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de lesiones causadas con instrumento peligroso. Acusado que, después de una discusión vecinal, agrede a una mujer con un cuchillo causándole heridas incisas en tórax. Delito de homicidio. Elementos del tipo penal. Dolo homicida y juicio de inferencia sobre su presencia en el ánimo del agresor. Idoneidad del arma y de la zona corporal afectada para ocasionar la muerte de una persona. Legítima defensa como causa de justificación. Acreditación de una previa agresión ilegítima como presupuesto tanto de la eximente plena como de la eximente incompleta. Error de prohibición. Legítima defensa putativa. Creencia errónea de que su defensa era legítima. Debe acreditarse la existencia de un error previo que debe inferirse de las circunstancias del caso analizado. Se descarta la presencia de error sobre una actuación defensiva por razones tanto objetivas como subjetivas.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Inadmisión de prueba en el acto del juicio oral de una pericial toxicológica a través de muestra capilar del acusado tendente a la determinación de su adición a sustancias estupefacientes. Requisitos para la admisibilidad de la prueba: en primer lugar, la deducción de la solicitud en la forma y momento legalmente establecidos; y, en segundo lugar, la idoneidad objetiva de la diligencia solicitada para acreditar hechos relevantes, idoneidad que habrá de ser alegada y fundamentada por el recurrente o resultar de los hechos y peticiones formuladas. Además, se requiere la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante. Prueba propuesta en momento procesal inhábil y sin haberse opuesto a su denegación inicial. La drogadicción en sus distintas alternativas como circunstancia de atenuación o exención de la responsabilidad penal: doctrina jurisprudencial existente. Imposibilidad de su apreciación cando no consta que la capacidad del acusado de comprensión de la ilicitud de su conducta estuviera limitada de forma relevante ni que padeciera una adición tan grave que le impidiera autocontrolar su conducta y adecuarla a las exigencias de la norma. Individualización de la pena en atención a las circunstancias del acusado.
Resumen: Presunción de inocencia. Alcance del control de la valoración probatoria efectuada en la instancia que corresponde al tribunal de apelación. Especial referencia a la valoración de la prueba personal. Valor acreditativo del atestado policial. Valor probatorio de las testificales de los agentes actuantes. Conducta deliberada de provocación de resultado fallido en las tomas de etilómetro. Atenuante analógica de embriague en el delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.
Resumen: Publicación en cuenta de red social de expresiones de contenido humillante., que evidenciaban una minusvaloración o descrédito de las víctimas, produciéndose un proceso de revictimización. Delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Atenuante analógica de confesión tardía. Imposición de costas de la acusación popular.
Resumen: Operativa fraudulenta con la finalidad de evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del Impuesto sobre el Valor Añadido generado en la comercialización de hidrocarburos. Inclusión en las declaraciones ante la AEAT de un IVA soportado improcedente, al no responder a operaciones reales ficticias, o bien presentación ante la AEAT de declaraciones complementarias con solicitud de aplazamiento de pago, de manera que generaban una falsa apariencia de cumplir con sus obligaciones y así retrasar la actuación inspectora de la AEAT. Utilización de administradores de hecho para cometer el fraude. Inexistencia de blanqueo de capitales. Inexistencia de indefensión, al haber tenido conocimiento los investigados de los hechos imputados. No se aprecia inconcreción en los hechos por los que se formula acusación. Legitimación de sociedad mercantil. Mientras no prescriba el delito, no prescribe la acción civil dimanante del mismo. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares: emisión de facturas que no se corresponden con ninguna actividad del negocio. Atenuante por dilaciones indebidas. Inexistencia de organización criminal.
Resumen: Confirma la condena por delito de abuso sexual continuado con penetración vaginal a menor de 16 años, pero reduce la pena al apreciar la atenuante analógica de consentimiento de la menor. Cuando la menor contaba 13 años de edad, el acusado, que conocía la edad de la niña, mantuvo repetidas relaciones sexuales con ella y con penetración vaginal, prestando la menor su consentimiento. El CP. establecía una presunción iuris et de iure sobre ausencia de consentimiento en el menor de trece años, considerándole incapaz para auto determinarse en el ejercicio de su libertad sexual y negándole toda la posibilidad de decidir. A partir de la LO. 1/15 la edad válida para prestar consentimiento sexual se elevó de los 13 hasta los 16 años, exigiéndose para excluir la responsabilidad penal del mayor acumulada o conjuntamente para dar validez al consentimiento proximidad en edad al menor, sin establecer la diferencia de edad que deba existir entre ellos, y proximidad en el grado de desarrollo o madurez. Se aplica la atenuante de consentimiento del menor como atenuante analógica muy cualificada al considerarse que la diferencia de edad (21 años en el acusado y 13 años y 7 meses en la menor) no puede considerarse abultada y que la madurez de ambos no era muy diferenciada, admitiéndose dicha posibilidad en los casos en los que, concurriendo parcialmente los requisitos exonerantes, la relación entre el autor y el menor sea cercana a la simetría en madurez.
